El Consejo de Ministros, reunido en Valencia el 10 de noviembre, ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra 20 artículos, aproximadamente el 10% de la ley de Acompañamiento a las Despesas de la Generalitat Valenciana.
- El Gobierno ha impugnado 20 artículos, alrededor del 10% del total de la ley.
- La medida afecta al acceso a ayudas de vivienda y servicios sociales mediante un criterio de prioridad nacional.
- El recurso también denuncia la prohibición del rostro cubierto y otras disposiciones que, según el Gobierno, invaden competencias estatales.
¿Qué medidas de prioridad nacional impugna el Gobierno?
Según el texto, la ley introduce criterios de arraigo y un principio genérico de prioridad nacional que condiciona el acceso a ayudas de vivienda y servicios sociales según el origen del solicitante. El Gobierno sostiene que esta regulación vulnera el artículo 14 de la Constitución, tanto para extranjeros como para nacionales, ya que establece el arraigo por la Comunidad en lugar de por el Estado.
Esta disposición afecta directamente a las familias que buscan financiación para alquilar o comprar una vivienda, ya que el criterio de prioridad podría excluir a solicitantes que no cumplan el requisito de arraigo establecido por la Comunidad.
¿Por qué se considera una invasión de competencias estatales la prohibición del rostro cubierto?
El proyecto obliga a mantener el rostro descubierto en centros sanitarios, escuelas, espectáculos y en el transporte público. El Gobierno argumenta que esta regulación invade la competencia estatal en seguridad pública, transporte y sanidad, lesionando así el artículo 14 de la Constitución.
Esta medida, aprobada con el apoyo del PP y Vox, ha generado controversia al limitar la libertad individual en espacios públicos e interferir en áreas tradicionalmente gestionadas por el Estado.
¿Qué otros ámbitos afecta el recurso presentado?
El recurso incluye disposiciones sobre la reagrupación de menores no acompañados, que el Gobierno considera una vulneración de la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería y del artículo 149.1.2ª, ya que incide en el régimen jurídico de estos menores y en las decisiones sobre su permanencia o retorno.
También cuestiona la modificación del régimen de provisión y remoción de plazas en la función pública valenciana, que, según el Gobierno, infringe los artículos 23.2 y 14 al exigir una antigüedad mínima de 10 años para funcionarios de otras administraciones, una condición no equiparable a la exigida para funcionarios de la Generalitat.
En el ámbito educativo, el recurso denuncia una reforma de la normativa LGTBI que, según el Gobierno, degrada el carácter imperativo de la promoción de la igualdad y la no discriminación, vulnerando el artículo 149.1.30ª.
Finalmente, el Gobierno señala una invasión de competencias en proyectos estratégicos de energías renovables, argumentando que la ley interfiere con las atribuciones estatales en medio ambiente, régimen energético y planificación económica general.